El Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) analiza en 18 estados de la República, ocho mil casos de corrupción en los que supuestamente incurrieron los asesores o “maestros” que enseñan a leer, escribir y a concluir la primaria o la secundaria a 33.4 millones de mexicanos que no lo han hecho, puesto que para obtener un salario adicional aplicaron pruebas a “su vecino, a su papá, al primo o la hermana”, quienes ya tienen un certificado de educación básica.
Por cada uno de esos estudiantes-adultos, los asesores cobraron tres mil 200 pesos por módulo cursado, además de 100 pesos por cada uno de los 12 exámenes aplicados para acreditar la primaria o la secundaria.
Juan de Dios Castro, director general del INEA aseguró que se ha dado de “baja” a esas ocho mil personas para impedir que vuelvan a presentarse a una prueba. Además, está por definirse el número de maestros del Instituto involucrados para determinar qué sanciones recibirán como servidores públicos.
Aún cuando en 14 estados no se ha concluido el diagnóstico, hasta ahora los casos de corrupción podrían equivaler a que uno de cada 10 asesores o promotores o incurrieron en esa práctica.
Pagan 29 millones de pesos
La cantidad del fraude cometido en contra de la institución educativa no se ha determinado aún, afirmó el funcionario, pero en la última jornada de aplicación de exámenes que se efectuó en marzo, el Instituto distribuyó más de 29 millones pesos entre los asesores, sólo por las 291 mil 560 pruebas realizadas.
De acuerdo con las cifras del INEA, en ese mes, 26 mil 153 personas lograron la alfabetización y concluir su primaria o secundaria, por lo que eso representó un pago de 83 millones 689 mil pesos a los asesores y promotores de la educación que se imparte a los mayores de 15 años.
“Tenemos que desmenuzar bien cuántos de esos ocho mil fueron de servicio completo, cuantos sólo fueron usuarios de certificación, cuántos sólo presentaron examen para una materia, cuántos fueron de todo el proceso completo, porque son costos muy distintos y en qué estados fue”.
En el promedio nacional, otorgar servicio completo (de orientación, inscripción, entrega de materiales didácticos, asesorías educativas, servicios de evaluación de diagnóstico, formativos o finales y la certificación) tiene un costo por alumno de cinco mil 400 pesos, pero varía de una entidad a otra por las condiciones geográficas. Por ejemplo, en Jalisco se destinan 2 mil 900 pesos y en Baja california Sur casi 17 mil pesos.
Desde hace nueve meses el funcionario planteó en una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) a los secretarios del ramo de todo el país y ante el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las irregularidades identificadas.
Registran a parientes y amigos
En aquella sesión, el titular del Instituto, Castro Muñoz, relató: “El grave problema, es que el asesor registra a Juan Pérez que curiosamente es su cuñado, lo da de alta en el INEA como si no tuviera primaria. Por cada examen que pasa Juan Pérez el asesor se lleva 100 pesos. Le aplicamos 12 exámenes en un periodo de un año y le extendemos un certificado y qué creen, Juan Pérez hace 10 años que le dieron su certificado de primaria en la SEP”.
Pese a que en la sesión de julio de 2009 la Conaedu acordó elaborar en un plazo no mayor a 90 días hábiles un diagnóstico puntual sobre esa situación, Castro Muñoz dijo ahora que el estudio está por concluir y en la reunión de la próxima sesión de ese Consejo se presentarán los casos identificados como de corrupción y el número de asesores involucrados.
“Sí va a haber, por supuesto, va a haber casos de corrupción… Tenemos que rastrear a qué estados corresponden estas situaciones, quién fue su técnico docente, quién fue su asesor, etcétera”.
Una vez que concluya ese proceso “daremos parte a las autoridades correspondientes. Pero sí me parecería muy temerario que sin terminar el proceso ande anunciando vayamos contra ellos, los vamos a meter a la cárcel… pero primero vamos a terminar el proceso”.
El Instituto tiene registrados 100 mil asesores y promotores con escolaridad promedio de bachillerato. Su edad va de los 18 a 24 años y 65% son mujeres. Del total, 70 mil son fijos y el resto son jóvenes que se emplean mientras continúan con sus estudios.
Otro de los problemas identificados por el INAE y planteado para su diagnóstico en el encuentro con los secretarios, según la versión estenográfica, es la detección de “un número indefinido” de supuestas escuelas o centros educativos en todo el país que ofrecen servicio a la población sin que tengan un reconocimiento oficial de la SEP.
Asesores instalan escuelas
“Imagine que hay un asesor del INEA que atiende a 300 alumnos porque trabaja desde las 8:00 a las 20:00 horas, con una hora de descanso. El asesor se gana 100 pesos por alumno. Ese maestro lo que tiene es una escuela. El problema es que en algunos estados los asesores cobran a sus alumnos, mientras que con lo que les paga el INEA les es suficiente para rentar, pagar la luz y agua”.
El certificado de esas “seudoescuelas”, denunció Castro Muñoz, no se los da la Secretaría, porque no son escuelas debidamente incorporadas para proporcionar esos estudios, sino el INEA, describió para solicitar a los secretarios contribuir en un diagnóstico nacional.
Los asesores que operan en esos lugares obtienen ingresos por alumno atendido (tres mil 200 pesos), por exámenes acreditados (100 pesos por cada uno), además de la cuota de inscripción y mensualidad por estudiante.
A nueve meses de que inició ese proceso, el titular del INEA afirma que “estos centros más que ilegales están aprovechando un vacío legal”.
El diagnóstico que sigue en proceso, agregó, es para “proceder a regularizarlos”, aunque Castro Muñoz reconoce que eso necesitará una reforma a la Ley General de Educación, en la cual ya trabaja ese Instituto para que sea la Secretaría de Gobernación y el Ejecutivo federal quienes la presenten ante el Congreso o se plante el escenario a los legisladores de la Comisión de Educación, a fin de que regulen esas “seudoescuelas”.
Lo que se tiene en las Reglas de Operación de los Programas de Atención a la Demanda de Educación para los Adultos y para la Vida y el Trabajo, es el aval hacia esos “centros particulares” bajo la sola advertencia de que “en ningún caso podrán cobrar por los servicios gratuitos que ofrece el programa”.
“Es más fácil alertar a las autoridades locales, en lugar de alertar a la ciudadanía, es como si, un ejemplo, la SEP dijera a la ciudadanía: “cuidado con las escuelas patito“. Espérame, pues esa es tú chamba. ¡Cómo que la ciudadanía! Más bien tú regula. Por eso, la SEP hace lo que hace, en lugar de alertar a los usuarios, pues mete orden”.
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